Habiendo recibido los arrendatarios autorización por escrito de uno de los comuneros y, según éste, de otro, al que representaba, aunque fuera por mandato verbal, es evidente que dichos arrendatarios se encuentran protegidos frente a la acción ejercitada, de resolución por obras inconsentidas, por el principio de buena fe, dada la apariencia de legitimidad creada por dicho documento, emitido por uno de los comuneros, no siendo asumible que el acto de autorizar a los arrendatarios la realización de unas obras, aunque afecten a la configuración del local arrendado, pueda considerarse un acto de disposición y no de mera administración, en el que se requiere tan sólo la mayoría y no la unanimidad, al constituir un acto de gestión del arrendamiento.