Si se tiene en cuenta que el cierre del local por más de seis meses en el plazo de un año, deja de producir su virtualidad denegatoria de la prórroga del contrato y subsiguiente resolución del mismo, cuando dicho cierre obedezca a justa causa que demuestre que, el desempleo del local, además de tener un carácter temporal y transitorio, nunca permanente o definitivo, no es revelador de una falta voluntaria de dedicación o de necesidad del mismo, sino, por el contrario, que obedece a una causa ajena y superior a la voluntad del arrendatario, a quien, por lo tanto no le es imputable, si se tiene en cuenta, el motivo ha de ser estimado, pues el cierre del local litigioso que, desde luego, fue meramente transitorio, vino impuesto por la justa causa del necesario cambio de Organismo del Estado que en el mismo había de tener su sede, como tantas veces se había hecho en ocasiones anteriores con el consentimiento de los arrendadores, lo que supuso la necesidad de realizar las imprescindibles obras de acondicionamiento para conectar terminales del SICOP, cuyo cierre, por lo tanto, ni es imputable a la arrendataria Dirección General del Patrimonio del Estado, ni el modo alguno es revelador, de una falta voluntaria de dedicación del local, o de la no necesidad del mismo, como lo evidencia el hecho de que actualmente se halla de nuevo abierto y en pleno funcionamiento, como sede de otro de los Organismos del Estado.