(Administrativo) Los funcionarios están sometidos a una obligación de discreción respecto de las informaciones que tienen en su poder a causa de sus funciones, reforzada a veces por el secreto profesional (Y. esta palabra), penalmente sancionada. Sin embargo, se ha introducido una importante derogación a este principio cuando la información está contenida en un documento administrativo, en virtud de la ley del 17 de julio de 1978, que instauró la regla de libertad de acceso a los documentos administrativos.
encicl.jurídicabiz14