Se encuadran en el grupo genérico de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las leyes. Los delitos indicados seguidamente, que están castigados con la pena común de suspensión, pueden tener como sujeto activo a la autoridad judicial en unos casos y, en otros, al secretario del tribunal. Los delitos más significativos son: no poner en libertad o no constituir en prisión por auto motivado a cualquier detenido dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que aquél hubiere sido puesto a su disposición, decretar o prolongar indebidamente la incomunicación de un preso, dejar transcurrir el referido término de setenta y dos horas sin notificar al detenido el auto constituyéndole en prisión o dejando sin efecto la detención, dilatar indebidamente la notificación de auto alzando la incomunicación o poniendo en libertad a un preso, dilatar el dar cuenta al tribunal de cualquier solicitud de un detenido o preso, o de su representante, relativa a su libertad.
Código penal, artículo 188.
encicl.jurídicabiz14