Dentro de los delitos contra la seguridad interior del Estado se sitúan los denominados técnicamente delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona que, a su vez, pueden agruparse en dos sectores: los cometidos por los particulares, y los cometidos por los funcionarios públicos. Entre los delitos cometidos por los particulares con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las leyes, cabe señalar los siguientes: el particular encargado de un servicio público que, por razón del origen, sexo, situación familiar o pertenencia o no pertenencia a una etnia, raza, religión, grupo político o sindicato, de una persona, le denegare una prestación a la que tuviere derecho (delitos de discriminación), el que impidiere u obstaculizare el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y de difusión informativa (delitos contra la libertad de expresión), el que impidiere u obstaculizare el legítimo ejercicio de la libertad de reunión o perturbare el curso de una reunión o manifestación lícita (delitos contra la libertad de reunión), el que impidiere u obstaculizare el legítimo ejercicio de la libertad de asociación o de alguna manera perturbare gravemente las actividades estatutarias de cualquier asociación lícita (delitos contra la libertad de asociación). En términos generales, dichos delitos se castigan con arresto mayor o multa.
Código penal, artículos 165, 165 bis, 165 bis a), 166, 168 a 170, 172, 174.
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