Es la modalidad arbitral en la que la administración del arbitraje y la designación de los árbitros está encomendada a corporaciones de Derecho público o a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, siempre que unas y otras puedan asumir funciones arbitrales. Este tipo de arbitraje abre un horizonte de esperanza para que el asociacionismo asuma nuevos protagonismos, es decir, para que la iniciativa privada recupere posibilidades de demostrar que, asociándose, sabe organizarse sin necesidad de la intervención estatal. En cualquier caso, dichas personas jurídicas contarán con sus respectivos reglamentos arbitrales que se protocolizarán notarialmente.
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